La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informaron en un comunicado que sostuvieron una conversación con los concesionarios de aeropuertos del país sobre los ajustes a sus bases de regulación tarifaria que les fueron notificados el pasado miércoles 4 de octubre.
Expusieron que los objetivos de los cambios son: actualizar la regulación para la determinación de la Tarifa Máxima Conjunta (TMC); reducir los costos de los servicios aeroportuarios que impactan en los costos de los boletos de avión, en beneficio de los usuarios; garantizar en todo momento la calidad de los servicios aeroportuarios y, por último, dar certidumbre al modelo concesionado de aeropuertos.
La TMC contempla los cobros por los servicios aeroportuarios y complementarios y no incluye los ingresos comerciales, de estacionamiento público, de vehículos y de arrendamiento de instalaciones.
“La SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, ha tomado en consideración las propuestas de los grupos aeroportuarios y reitera la total y abierta comunicación con ellos”, dijo la autoridad en el comunicado, en el que aparecen las identidades comerciales de los grupos aeroportuarios del país.
Se trata del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA).
El miércoles pasado por la tarde, de forma posterior al cierre del mercado bursátil, los concesionarios aeroportuarios de México anunciaron al público inversionista que el gobierno les había notificado su intención de modificar sus bases de regulación tarifaria.
La decisión, dijeron, había sido tomada sin previa notificación y de forma unilateral. E informaron que, partir de ese momento, entrarían en un período de análisis de las implicaciones financieras para su negocio.
Estas empresas vivieron el pasado 5 de octubre un jueves negro en la BMV con caídas de precios accionarios de hasta 26% y una pérdida conjunta de valor de capitalización superior a los 66 mil mdp, pues la modificación de las bases de regulación fue leída por el público inversionista como negativa para sus flujos de ingresos.
El golpe se amplificó por la incertidumbre, pues la autoridad aeronáutica no dio detalles en su momento sobre los cambios regulatorios.
