Por Irene Muñoz en Control de Daños
Hace unos días, y a partir de la revelación de documentos por el hackeo Guacamaya, salió a la luz el proyecto que se tiene sobre la creación de una línea aérea comercial del gobierno, que sería administrada y operada por la Sedena. Hecho que fue confirmado por el presidente López Obrador.
La nueva empresa, formaría parte del patrimonio del Grupo Olmeca-Maya-México; y estaría conformada por una flota de 10 aviones rentados, y el presidencial. Como todos los proyectos que se hacen en este gobierno, no cuenta con un modelo de negocio que determine la viabilidad, así como mucho menos creer pueda generar beneficios y utilidad al país.
Para empezar, el Dreamliner 787-8 que cuenta con un espacio para 80 pasajeros, deberá rediseñarse a la capacidad común de la aeronave que es de al menos 200 pasajeros para tener una operación rentable. El costo aproximado de la reconfiguración es de 100 millones de dólares, aproximadamente. Tenerlo en tierra, genera un gasto aproximado, según el secretario de Defensa, de alrededor de 10 millones de dólares al año.
Contar con una flota de 10 aviones rentados para la operación de rutas dentro del país; ya que por el momento México no puede generar nuevos vuelos a Estados Unidos, consecuencia de la baja en la calificación de la seguridad aérea en el país, y a destinos sin conectividad como lo es Palenque.
El Presidente desconoce que para abrir una ruta se requiere la realización de un estudio de demanda del mercado, y a partir de ella se hace un análisis de costo-venta para analizar la rentabilidad. Si actualmente las aerolíneas no vuelan a esos destinos, es sencillamente porque no es económicamente viable operarlos y generan pérdidas.
Contar con una aerolínea gubernamental, por contar con ella, no justifica su creación. El presidente puso como ejemplo a Mexicana de Aviación que formó parte del erario, pero lo que no dijo fue que sólo tuvo por 10 años el 52% de sus acciones; y que cuando la vendió en 2005, fue por su precio más pasivos netos que alcanzaban los 294 millones de dólares, derivados de una mala administración gubernamental.
Este sorpresivo interés gubernamental debe responder a otro tema, pues sabemos que el turismo no es prioridad nacional. La fórmula presentada se acerca a modelos fracasados de otros países muy afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que su ejecución entonces sería más política que económica.
Revisemos el caso de Aerolíneas Argentinas. Fundada en 1950, y tomada por el Estado en 2008. Desde que la tomó el gobierno y al 2020, se entregaron subsidios de entre 200 y 945 millones de dólares.
Boliviana de Aviación, inició operaciones en 2009 por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Generó pérdidas en 5 años previo a la pandemia, por 50 millones de dólares. Hasta 2020, las pérdidas sumaban 132 millones de dólares.
Una más, es la peculiar aerolínea de Venezuela, Conviasa. Tomada en 2004 por el gobierno del presidente Hugo Chávez, se ha reducido a 15 aeronaves que no siempre funcionan. Curiosamente, a diferencia de las aerolíneas en el mundo, reportó un incremento del 85 % en sus operaciones en pandemia, cuando las aerolíneas del sur del continente perdieron 69.1 % de su valor. Este informe por supuesto no fue presentado con documentos que lo soporten.
Sí ha sido un fracaso la operación aeronáutica privada gubernamental en la región, no se explica el interés en la incursión de esa industria y sólo nos muestra una sombra más en los contornos de los proyectos de López Obrador.
Construlita Proyectos
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