Por Mario Maldonado
Andrés Manuel López Obrador lleva poco más de cuatro años viajando frecuentemente en aerolíneas comerciales. En ese tiempo, el presidente se ha enfrentado a algunas de las vicisitudes que padecen los usuarios, como los retrasos, las cancelaciones, la infraestructura deficiente de la mayoría de los aeropuertos y las tarifas. Aunque él no paga los boletos de avión, sino nosotros los contribuyentes, casi siempre pregunta al encargado de coordinar su Ayudantía, Daniel Asaf, cuánto costaron e intenta llevar una bitácora.
Según personas que han viajado con AMLO, es común escuchar que se queje de las tarifas aéreas. El presidente quizá desconozca que los impuestos, como la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), llegan a representar hasta 65% del precio de un boleto de avión. Este 2023 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, impuso un aumento de 7.7% a la TUA para compensar la inflación.
El 15 de diciembre, el presidente envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Con la primera se busca que la nueva Agencia Federal de Aviación Civil –antes conocida como la Dirección General de Aviación Civil– tenga personalidad jurídica propia, más presupuesto y, lo más peligroso, se permita el cabotaje, es decir que una aerolínea extranjera pueda conectar a otros destinos en el interior de la República, lo cual está prohibido por la mayoría de los países.
La industria nacional, incluidos los sindicatos y los expertos en aviación, consideran que permitir el cabotaje es un suicidio para la aviación mexicana, que ha sufrido con la pandemia del Covid-19, la crisis de los precios del petróleo, la quiebra de dos aerolíneas en el sexenio actual y la irresponsabilidad del gobierno que perdió la categoría de seguridad aérea número 1 otorgada por Estados Unidos, sin la cual las líneas mexicanas no pueden abrir rutas o frecuencias hacia ese país.
Poco le ha importado al presidente la postura de los expertos, los sindicatos y las aerolíneas, que ayer se volvieron a posicionar a través de la Canaero. La Ley de Aviación Civil y la apertura de los cielos va, según me lo confirmó la semana pasada el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Esta semana va a discutirse el tema en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría simple, y es probable que junto con la Ley de Aeropuertos –que entre otras cosas busca que la Marina y el Ejército se hagan cargo de varios aeropuertos del país al tiempo que la Sedena opera una nueva aerolínea comercial– se pasen fast track en el Congreso.
Sobre el cabotaje, Jiménez Pons reconoció que puede afectar a la industria nacional, aunque no “en demasía”. El subsecretario, quien anteriormente estuvo encargado del Tren Maya, dijo que no se van a abrir los cielos “indiscriminadamente”, por lo que las aerolíneas extranjeras que quieran conectar con destinos nacionales deberán cubrir una serie de requisitos de interés y seguridad nacional, con lo cual se pretende atender rutas que, por cuestiones de mercado, las líneas nacionales no cubren.
El mismo objetivo tendrá la nueva aerolínea que planea echar a andar el Ejército mexicano en diciembre. Según Jiménez Pons, si bien se enfocará en el Aeropuerto Felipe Ángeles y en rutas poco concurridas, también entrará a competir a destinos atendidos por las aerolíneas comerciales, primero con un “objeto social”, pero con la idea de bajar los precios de las tarifas en algunas de las principales rutas.
En el sector aéreo y turístico vaticinan el golpe final para las aerolíneas que quedan, como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús, sobre todo porque ya llevan dos años compitiendo en desventaja con las aerolíneas estadounidenses por la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea, la cual, dicen en la 4T, van a recuperar para abril… o para mayo.
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