El presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, a fin de que los recursos obtenidos por las visas de extranjeros puedan ser destinados para invertir en proyectos ferroviarios o aeronáuticos, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros, así como al Instituto Nacional de Migración (INM).
El proyecto suprime el apartado cuarto del artículo 45 de la Ley General de Turismo, que permitía que los ingresos fiscales por la recaudación del derecho de estancia a extranjeros fueran enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
En su lugar, se establece que esos recursos irán a un fideicomiso público federal sin estructura que deberá ser constituido.
Así, el 20% de la recaudación irá al INM “para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona”.
El 80% restante “se destinará para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, entre otros de diversa índole”, así como para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.
Lo anterior permitiría que la recaudación por visas de extranjeros vaya directo al Tren Maya, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, entre otros.
En sus artículos transitorios, la iniciativa señala que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el fideicomiso público federal deberá constituirse dentro de los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Además las erogaciones generadas por la entrada en vigor del decreto, “se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables de su aplicación, por lo que en ningún caso se autorizarán ampliaciones a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes”.
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