El pleno de San Lázaro avaló por unanimidad una reforma que obliga a los prestadores de servicios turísticos a requerir a cualquier persona que se presente acompañado por un menor de edad a acreditar su relación de parentesco o tutela.
Con 451 votos a favor y cero en contra, el pleno modificó el artículo 58 de la Ley General de Turismo para establecer que dicha acreditación deberá realizarse previo a la prestación del servicio, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos.
De lo contrario, se les negará el servicio y los prestadores deberán dar aviso a las autoridades correspondientes. Además, estarán obligados a implementar los protocolos y las acciones definidas por las autoridades competentes.
Al posicionar la reforma que fue turnada al Senado, la presidenta de la Comisión de Turismo, la panista Tania Palacios Kuri, advirtió que el turismo sexual infantil es un crimen que mancha los paraísos turísticos de México.
Dijo que el país es uno de los principales destinos, de ahí que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Tailandia.
“Mientras discutimos esto, más de 17 mil niñas, niños, adolescentes son explotados sexualmente en nuestro territorio, íconos turísticos que para muchos depredadores terminan siendo puntos de cacería”, sostuvo.
La legisladora agregó que se calcula que 600 mil turistas sexuales viajan cada año al país, y muchos de ellos lo hacen sabiendo que pueden destruir infancias sin consecuencia; el 36 por ciento de los agresores provienen de Estados Unidos y de Canadá.
El emecista Miguel Ángel Sánchez dijo que cada año, al menos 16 mil menores son víctimas de explotación sexual en el País, aunque de acuerdo con algunas organizaciones, la cifra podría superar los 20 mil, lo que representa una tragedia humana.
Sánchez afirmó que este delito destruye el tejido social y familiar, y la confianza en México como destino turístico seguro.
Afirmó que las medidas consideradas en la reforma pueden salvar vidas, evitar abusos, alertar sobre situaciones sospechosas y ser una barrera para quienes buscan explotar a menores; no obstante, reconoció que no es suficiente, porque es necesario trabajar con los gobiernos locales, las empresas e incluso las plataformas digitales para construir estrategias integrales.
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