La Legislatura estatal presentó el dictamen que avala la iniciativa del gobernador, David Monreal Ávila, para desincorporar el Hotel Parador, propiedad del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con el fin de cubrir, mediante una dación en pago, los 315 millones de pesos que el instituto adeuda al gobierno estatal.
El inmueble fue adquirido hace casi 30 años con recursos aportados por alrededor de 25 mil trabajadores activos y jubilados.
Aunque se esperaba que la Junta de Coordinación Política convocara ayer mismo a la segunda lectura y votación del dictamen, se acordó que el asunto sea discutido y, en su caso, aprobado en un probable periodo extraordinario de sesiones o hasta el periodo ordinario de septiembre.
La sesión del martes se realizó en el auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, habilitado como sede alterna, debido a que el recinto legislativo fue tomado durante la madrugada por maestros y jubilados del Issstezac que se oponen a la desincorporación del hotel.
De aprobarse la iniciativa, como prevén sus opositores debido a la mayoría política que respalda al gobernador en el Congreso local, se incurriría en “un fraude a la sentencia emitida este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, relacionada con el Issstezac, denunció el abogado Jorge Rada.
El pasado 25 de junio, David Monreal presentó al Congreso local la iniciativa para que el Issstezac entregue al gobierno estatal la propiedad del Hotel Parador como forma de pago del adeudo de 315 millones de pesos.
Para ello, el Ejecutivo estatal presentó un avalúo que fija el valor del inmueble en 364 millones de pesos. Conforme al dictamen, la deuda quedaría saldada mediante la dación en pago y el remanente, equivalente a 49 millones de pesos, sería reintegrado a las cuentas del instituto.
Jorge Rada sostuvo que la propuesta “es jurídicamente grave porque, según el propio Sistema Público de Información Inmobiliaria del Issstezac, el Hotel Parador forma parte de la Reserva Técnica del instituto y cuenta con el estatus expreso de ‘no autorizado para venta’”.
Explicó que la Reserva Técnica “no constituye patrimonio ordinario, sino el respaldo material de las pensiones de más de 25 mil trabajadores activos y jubilados; disponer de esos bienes sin un procedimiento completo de desincorporación genera nulidad de pleno derecho”.
El litigante afirmó que la iniciativa “constituye un fraude a la sentencia de la SCJN”, al recordar que en enero pasado el máximo tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, promovida contra las reformas a la Ley del Issstezac aprobadas en 2024 por el Congreso local, a partir de una iniciativa enviada por el gobernador.
“Es grave la pretensión del gobierno de Zacatecas, porque la actual crisis financiera no es imputable a los trabajadores, y permitir que la insolvencia del instituto sirva de fundamento para afectar sus derechos crea un incentivo estructural perverso”, sostuvo.
“Porque el Estado podría administrar deficientemente el organismo, acumular pasivos y luego utilizar esa misma crisis como justificación para recortar los derechos que tenía la obligación de garantizar”, concluyó el abogado y representante de pensionados del Issstezac.
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