Si en las últimas semanas has intentado reservar un departamento para pasar unas vacaciones en Nueva York, quizá te hayas sorprendido de la poca oferta que hay en plataformas como Airbnb o VRBO.
Una nueva ley local prohíbe, desde el 5 de septiembre, alquilar estos espacios para estancias menores de un mes, dejando fuera buena parte de los 36 mil apartamentos turísticos de la ciudad. Esta ley solo permite el alquiler de habitaciones, siempre y cuando el arrendador viva en el lugar y esté presente durante la estancia de sus visitantes, que no podrán ser más de dos, y, al mismo tiempo no podrán cerrar las puertas de su cuarto con llave.
Los anfitriones tendrán que registrarse en la alcaldía y pagar 145 dólares cada dos años. Pero los permisos se otorgan a cuentagotas. Las multas para los infractores oscilan entre mil y siete mil 500 dólares, aunque los usuarios ‘no se verán afectados’.
La alcaldía quiere acabar con una práctica “ilegal, que genera ruido, basura y problemas de seguridad” tanto para visitantes como para residentes.
“Muchos edificios de viviendas no tienen personal de seguridad adecuado para lidiar con viajeros”, alega la Oficina de Aplicación Especial de la legislación, encarada de hacer cumplir esta ley aprobada en enero de 2022, tras años de intentos de regular el mercado.
Para una de las mayores plataformas que opera en el mercado, Airbnb, “la ciudad está enviando un mensaje claro a millones de visitantes potenciales que ahora tendrán menos opciones de alojamiento cuando visiten Nueva York; no son bienvenidos”, dice en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, Theo Yedinsky, director de política global de la plataforma.
En una ciudad con alquileres que rondan los cinco mil dólares mensuales en promedio, uno de los objetivos de la nueva ley es que muchas de estas propiedades turísticas salgan del mercado y alivien la deficiencia crónica de vivienda que existe en la ciudad. Pero muchos consideran que creará una crisis mayor de la que espera resolver.
La organización RHOAR, que reúne a pequeños propietarios de un máximo de dos viviendas, asegura que eliminar los alquileres de corto plazo “amenazará la capacidad de los propietarios de hacer frente a sus hipotecas, posiblemente creando una crisis de vivienda adicional, (poniéndolos) en un grave riesgo financiero”.
“Hay mucha gente joven que visita Nueva York y que no puede quedarse en un hotel ni comer en un restaurante… y no lo va a hacer si no puede pagar 400 dólares la noche”, dice Joe McCambley, de 66 años, antiguo usuario de Airbnb, que considera que la ciudad está cometiendo “un gran error”.
“Están eliminando la competencia. Alguien está pagando a los políticos para hacerlo”, dice su hijo Luke McCambley, de 33 años, que durante la pandemia de covid alquiló su propio departamento para complementar ingresos.
Según un informe elaborado por el profesor de la Universidad de Boston, Michael Salinger, para Airbnb, la nueva normativa no se “justifica económicamente” ni resolverá uno de los problemas que pretende corregir: la escasez de vivienda.
Salinger considera que esta normativa es “un duro golpe” para la economía turística de la ciudad y para miles de neoyorquinos y pequeñas empresas de los barrios periféricos que dependen del uso compartido de la vivienda y del dinero del turismo para llegar a fin de mes.
