Por Julio Pilotzi en Reporte Empresarial
La discusión sobre el precio de la tortilla en México no puede entenderse únicamente desde la coyuntura, sino desde una tensión acumulada entre política pública, costos reales y estructura de mercado. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara la postura del gobierno federal al afirmar que no existe ninguna razón económica que justifique un incremento en el precio de este alimento básico, al sostener que el maíz, principal insumo, se encuentra en niveles históricamente bajos. Bajo este planteamiento, cualquier alza respondería más a distorsiones en la cadena de comercialización que a fundamentos reales de costos.
Esta posición se enmarca en una estrategia más amplia de contención inflacionaria que el gobierno ha impulsado desde el inicio de la actual administración, retomando mecanismos como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, diseñado para evitar incrementos en productos esenciales mediante acuerdos con productores, distribuidores y cadenas comerciales. En este contexto, dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor han reiterado su llamado a evitar aumentos injustificados, subrayando que existen condiciones suficientes para mantener estabilidad en los precios si se respeta la lógica de costos y se evitan prácticas abusivas.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende la coyuntura y remite a una estructura de mercado profundamente concentrada que ha sido señalada por años sin una corrección de fondo. La cadena del maíz y la tortilla en México arrastra desequilibrios históricos donde la producción primaria, la industrialización de la harina y la comercialización final operan bajo dinámicas asimétricas.
En ese entramado, el caso de Gruma se ha convertido en un punto crítico para entender por qué, incluso en escenarios de bajos costos del grano, los precios finales pueden mantenerse elevados o incluso incrementarse. La entonces Comisión Federal de Competencia Económica, a través de su Autoridad Investigadora, documentó niveles de concentración que en distintas regiones del país oscilaban entre el 50 y el 90 por ciento de participación de mercado en la venta de harina de maíz nixtamalizado durante varios años, lo que le otorgó a la empresa una capacidad significativa para influir en precios, condiciones comerciales y acceso al insumo.
En algunos casos, la distancia frente a sus competidores más cercanos alcanzaba entre 22 y 80 puntos porcentuales, reflejando un dominio que prácticamente anulaba la competencia efectiva. Esta posición no solo impacta a los productores o distribuidores, sino directamente a miles de tortillerías que dependen de la harina para operar, limitando su margen de maniobra y su capacidad de trasladar eficiencias al consumidor final.
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