La entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas a partir de 2027 reconfigurará la estructura de costos de la hotelería en Cancún y Riviera Maya y será un catalizador para la automatización de servicios, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) capítulo Quintana Roo.
El presidente del organismo, Ángel Gerardo Dzib Flores, detalló que el ajuste será gradual, con una disminución de dos horas por año entre 2027 y 2030, pero obligará a las empresas a reorganizar turnos, ampliar plantillas o invertir en tecnología para sostener la operación con menos horas-hombre disponibles.
En un destino donde un hotel de gran formato opera con 500 o más colaboradores, dijo, el impacto será inmediato. El sector, expuso, no discute la pertinencia de avanzar hacia esquemas de trabajo más dignos, pero sí anticipa una presión directa sobre la nómina y la rentabilidad operativa.
La respuesta, de acuerdo con el IMEF, será tecnológica. Procesos de reservaciones, atención al cliente, mercadotecnia, facturación y limpieza, hoy intensivos en mano de obra, se trasladarán a plataformas de automatización, asistentes virtuales y robótica de servicio.
Dzib Flores advirtió que el fenómeno ya es visible en corredores de alto volumen y se profundizará en los próximos tres años, con mayor presencia de robots para aseo de áreas comunes, entrega de amenidades y soporte en back office.
El cambio también implica un costo regulatorio. Las empresas deberán modernizar sus sistemas de control de asistencia y de gestión de personal para documentar en tiempo real la jornada de cada colaborador y acreditar el cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo.
Para la hotelería del Caribe mexicano, el efecto podría ser parcialmente mitigado por el componente de ingresos en dólares, en un entorno de tipo de cambio presionado. El IMEF prevé que el peso cierre 2025 por arriba de 18 por dólar y con una depreciación adicional en 2027, lo que daría cierto margen a los balances en moneda nacional, aunque insuficiente para compensar el alza en costos laborales y en inversión tecnológica que exigirá la reforma.
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