La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar un salario mínimo en establecimientos de servicios y blindar las propinas que reciben los trabajadores.
La reforma está dirigida a hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, estaciones de servicio de combustible y otros establecimientos análogos.
Por otra parte, el proyecto modifica el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para puntualizar que todo trabajador tenga derecho a una remuneración de por lo menos un salario mínimo o un salario mínimo profesional, que no sea sustituido con ninguna forma de contraprestación.
El blindaje del salario mínimo profesional fue uno de los cambios que realizó la Comisión a la iniciativa presentada por el diputado Pedro Haces, la cual dio forma al dictamen. Esto fue así, ya que algunas actividades del sector de servicios ya se encuentran incluidas en la lista de salarios mínimos profesionales, por ejemplo:
- Cantinero preparador de bebidas, 295.15 pesos diarios.
- Cocinero mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos, 325.71 pesos diarios.
- Chofer acomodador de automóviles en estacionamiento, 302.14 pesos diarios.
- Oficial gasolinero, 288.83 pesos diarios.
- Recamarero en hoteles y establecimientos de alojamiento, 283.47 pesos diarios.
Además de la protección al salario, el proyecto indica que el reparto de las propinas se realizará de manera equitativa y su distribución estará a cargo de los trabajadores.
“Para efectos de control, las propinas deberán integrarse al total del pago del servicio y podrá ser opcional en el caso de que éstas sólo se entreguen de manera directa”, se propone en la adición al artículo 346 de la LFT.
Durante la votación, todos los grupos parlamentarios se pronunciaron a favor del dictamen, planteando algunas reservas que se presentarán en el pleno de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la reforma también suma a las facultades de la inspección del trabajo en los establecimientos de servicio, la vigilancia de la distribución equitativa de las propinas.
El dictamen contempla un plazo de 180 días naturales para que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones reglamentarias y para que las empresas modifiquen su normativa interna.
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