El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México mediante la adición de un inciso G al Artículo 13, con el objetivo de reconocer el derecho al turismo comunitario como un derecho social vinculado al trabajo, la cultura y el desarrollo local.
La propuesta fue presentada por el diputado Paulo Emilio García González y plantea que el turismo no sea entendido únicamente como una actividad económica, sino como un derecho que permita a las personas participar y beneficiarse de la riqueza cultural, histórica y comunitaria de la capital.
Tras darse a conocer la iniciativa, el colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA) expresó su respaldo al considerar que el reconocimiento constitucional puede fortalecer la economía barrial y brindar mayor certeza jurídica a quienes participan en esta actividad.
Ángel Torres, fundador de TSA y miembro del Frente Unidos por la Hospitalidad, afirmó que el turismo comunitario ya opera como una realidad extendida en pueblos originarios, barrios y colonias de la ciudad, y que actualmente genera 66 mil 800 empleos directos, indirectos e inducidos.
“Estamos hablando de una actividad que representa menos del uno por ciento del parque habitacional, pero que permite que la derrama económica llegue a zonas que históricamente han quedado fuera de los corredores turísticos tradicionales”, señaló.
Indicó que reconocer el turismo comunitario como derecho no implica ausencia de regulación, sino avanzar hacia un marco normativo basado en datos que ordene la actividad sin excluir a quienes dependen de ella como fuente legítima de ingreso.
“Las y los anfitriones somos parte esencial de ese ecosistema. Facilitamos el acceso al turismo, fortalecemos la economía barrial y sostenemos una actividad que democratiza el turismo: pasamos de plantearlo como un derecho, a ejercerlo”, añadió.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. De aprobarse la reforma constitucional, la Ciudad de México se convertiría en una de las primeras entidades del país en incorporar expresamente el derecho al turismo comunitario en su marco constitucional.
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