Por Francisco Madrid en Consultorio Turístico
Sin duda, la proliferación del sargazo en el Mar Caribe ha sido una mala noticia, no solo para los destinos turísticos de esta región, sino también para la economía turística de todo el país, debido al peso que estos destinos tienen en el conjunto de la oferta nacional.
Ciertamente, el fenómeno no surge de la nada —no sobra recordar que estamos en la zona del océano Atlántico conocida como el Mar de los Sargazos—; sin embargo, muy probablemente como consecuencia del cambio climático, en los últimos años se ha registrado un crecimiento explosivo de su presencia en el litoral caribeño.
Con este antecedente, debe reconocerse el despliegue de acciones anunciado recientemente por el Gobierno de México, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender de manera integral el problema que representa esta macroalga.
El sargazo no es el único factor que explica la compleja situación que hoy enfrenta el sector turístico de Quintana Roo, pero su incidencia en la toma de decisiones de los viajeros es real y, por cierto, se ve exacerbada por el tono alarmista que con frecuencia muestran los videos y fotografías que circulan en redes sociales. Algunas voces incluso sostienen que esta difusión masiva no necesariamente ocurre de manera orgánica y que detrás de ella podrían existir intereses de destinos competidores.
Con estas acciones, el Gobierno impulsa una política pública relevante en favor del turismo que, en mi opinión, destaca por dos razones. La primera es su carácter transversal, algo habitual en la actividad turística debido a la participación de distintas dependencias del Gobierno federal, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo. La segunda es que se trata, sin duda, de la iniciativa más importante en favor del turismo en lo que va de la presente administración, al incluir acciones de recolección en el mar, contención, limpieza y reciclaje, con una inversión superior a 2,600 millones de pesos.
Muy bien por el Gobierno federal y muy bien por el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, pues seguramente su trabajo influyó en la decisión de impulsar estas medidas. De igual forma, debe reconocerse la insistencia de los empresarios turísticos de la región para lograr, finalmente, llamar la atención sobre este delicado tema en las más altas esferas de la vida pública del país.
Líneas atrás mencionábamos que el sargazo no es el único factor que hoy pesa sobre la demanda. La caída en la llegada de turistas internacionales por vía aérea al país, que se observa con claridad desde marzo de este año, también está influida por problemas de seguridad; por un entorno internacional enrarecido que, entre otras consecuencias, ha impulsado al alza los precios del petróleo, con el consecuente incremento en las tarifas aéreas; por la actuación de destinos competidores y, de manera particularmente desafortunada, por la ausencia de inversión promocional del propio Gobierno federal.
Es altamente deseable que, así como en esta ocasión el aparato público fue capaz de mostrar sensibilidad frente a la problemática del sector turístico mexicano —que a veces pareciera querer ocultarse tras el triunfalismo de cifras que no reflejan la realidad del turismo nacional—, también se atienda con toda seriedad la necesidad de destinar un esfuerzo mucho más decidido a fortalecer la imagen turística del país, mediante la canalización de los recursos económicos y técnicos necesarios para revertir el momento adverso que hoy enfrenta el sector.
El debate no debe centrarse en la recuperación del Consejo de Promoción Turística, pero sí debe reconocer la necesidad de hacer lo que hacen todos los países relevantes en materia turística: invertir recursos públicos en la promoción turística, porque ello sienta las bases para impulsar la prosperidad compartida, no solo en Quintana Roo, sino en muchas otras regiones del país.
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