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Concanaco propone esquema de corresponsabilidad fiscal para impulsar el empleo formal

Para acelerar la creación de empleo formal y evitar que los costos operativos impacten a los pequeños negocios, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), planteó la urgente necesidad de implementar un esquema de corresponsabilidad fiscal entre el sector privado y los distintos niveles de gobierno.

En conferencia, el dirigente empresarial explicó que pese a registrarse un récord de 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de septiembre de 2026 —con una suma de 410 mil 200 empleos generados en los primeros nueve meses del año—, al mismo tiempo coexisten 32.6 millones de personas en la informalidad laboral, dato que representa 54.3 por ciento de la población ocupada.

De la Torre de Stéffano enfatizó la necesidad de revertir este rezago al señalar que “México necesita trabajadores con mejores salarios, con mejores prestaciones, con mayor seguridad social, pero también necesita negocios familiares con capacidad para contratar, para invertir y para permanecer abiertos”. Recordó que la informalidad genera apenas 3.6 por ciento del valor agregado censal bruto, mientras que la formalidad aporta 96.4 por ciento, lo que demuestra que transitar a la legalidad resulta decisivo para la productividad nacional.

El líder del comercio organizado hizo un llamado a evaluar la política laboral bajo una perspectiva diferenciada según la escala del negocio, al recalcar que 95.4 por ciento de los establecimientos económicos del país son microempresas que emplean al 41.4 por ciento del personal ocupado y generan 16 por ciento del valor agregado. Explicó que las tiendas de abarrotes, fondas, talleres, despachos o pequeñas farmacias no disponen de grandes áreas de recursos humanos ni reservas financieras profundas, por lo que cada incremento en los costos operacionales o fiscales impacta de forma desproporcionada su viabilidad económica.

En materia de cargas locales, el presidente de la Concanaco Servytur señaló que  el cobro del Impuesto sobre Nómina (ISN) que aplican las 32 entidades federativas con tasas base que fluctúan entre 2 y 4.25 por ciento. Subrayó que este tributo estatal debe pagarse de forma obligatoria sin importar si la unidad económica registró utilidades o pérdidas al término del ejercicio, gravando directamente la generación de empleo y el otorgamiento de prestaciones sociales.

A la par del tributo a las nóminas, el directivo apuntó que existen presiones acumuladas en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y la imposibilidad de deducir al 100 por ciento las prestaciones pagadas a los subordinados, factor que suele crear utilidades ficticias para los contribuyentes. Asimismo, citó referencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se indica que las contribuciones sobre el trabajo alcanzaron en promedio 35.1 por ciento del costo laboral en las naciones integrantes durante 2025, advirtiendo que excesos en este rubro terminan por desincentivar la contratación regular.

Ante este diagnóstico, el dirigente empresarial dio a conocer la propuesta central de la confederación, encaminada a formalizar un Acuerdo Nacional por el Empleo Formal con la participación de la Federación, gobernadores, congresos locales, las secretarías de Hacienda y del Trabajo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, el Infonavit, la representación sindical y la iniciativa privada.

La iniciativa plantea una transición gradual y verificable enfocada en micro, pequeñas y medianas empresas, la cual arranca con una reducción inicial de 25 por ciento en la tasa del Impuesto sobre Nómina hasta alcanzar una meta mínima de 50 por ciento de rebaja, previa evaluación hacendaria en las entidades. Además, sugirió  ampliar el subsidio al empleo para evitar que la tarifa del ISR absorba los incrementos a los salarios de menores ingresos, habilitar la deducción íntegra de prestaciones laborales pagadas, articular incentivos fiscales coordinados para acompañar las alzas de los salarios mínimos —tomando como referencia internacional programas de cofinanciamiento como los aplicados en Singapur o Reino Unido— y fijar candados estrictos contra la simulación mediante registros patronales y nóminas reales.

Recalcó que el plan presentado no busca recortar los derechos sociales ni alterar las aportaciones patronales destinadas al IMSS o al Infonavit, sino rediseñar la política tributaria para ensanchar la base formal.

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