Apura CSLa presidenta Claudia Sheinbaum ordenará, en breve, que la paraestatal militar Tren Maya S.A. asuma por completo los pendientes del proyecto ferroviario, algunos de los cuales todavía son responsabilidad de Fonatur Tren Maya.
Los pendientes incluyen pagos a contratistas, finiquitos, convenios modificatorios de contratos, procedimientos administrativos y otros juicios, salvo los laborales, que deberá llevar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), además de observaciones y requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Tren Maya S.A. efectuará las acciones procedentes para recuperar los importes irresolubles que, en su caso, determine la ASF, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) u otra autoridad competente, relativas al Proyecto Tren Maya con motivo de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2019 a 2024 y subsecuentes”, se lee en el proyecto del acuerdo publicado.
A todas las dependencias que llevan trámites relacionados con el tren, Sheinbaum también les ordenará terminar la integración de los expedientes con una fecha límite: el 31 de diciembre. El expresidente Andrés Manuel López Obrador había pedido el 30 de septiembre, último día de su sexenio, terminarlos a más tardar en tres meses.
El 28 de febrero, Fonatur concretó la entrega oficial de los activos del proyecto a Tren Maya S.A., a Gafsacomm —paraestatal militar que administra hoteles y otros sitios turísticos—, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El valor total de los bienes transferidos ascendió a 470 mil 428 millones de pesos, según indica el dictamen del auditor externo de Fonatur Tren Maya. Ese monto incluye 396 mil 843 millones de pesos en el concepto “construcciones”.
Sin embargo, en el acuerdo se aclara que la empresa militar tendrá que ceder a Fonatur los inmuebles que éste adquirió y que no estén directamente relacionados con la implementación del tren.
El proceso de traslado de Fonatur Tren Maya hacia Tren Maya S.A. se ha prolongado desde el 31 de agosto de 2023, cuando López Obrador dictó la primera orden con la idea de terminar el 31 de diciembre de ese año.
Pero esa orden tuvo que ser modificada dos veces: primero, para atrasar la entrega al 12 de septiembre de 2024, y luego para dar seis meses adicionales, pues había múltiples trámites pendientes.
Otros asuntos sin resolver incluían la aprobación del proyecto ejecutivo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; solicitudes a la Comisión Nacional del Agua para aguas nacionales y de zonas federales, las expropiaciones de tierras, de las que se han decretado más de 200; cambios de uso de suelo, así como licencias, marcas y patentes sobre seguridad de tecnologías de la información.
Además, también faltaban permisos en materia arqueológica, de obra de construcción federal, estatal y municipal, además de los ambientales.
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