La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) indicó que la construcción del Tren Maya podría violar disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para determinar esto, la USTR comunicó que está dando seguimiento a procesos jurídicos que se siguen en México y destacó el caso como parte del primer informe bianual que debe presentar al Congreso estadounidense sobre el capítulo de Medio Ambiente del T-MEC.
El proyecto del Tren Maya es uno de los mayores proyectos en marcha que podría tener importantes implicaciones para los compromisos de México en el T-MEC relacionados con los niveles de protección ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental”, dijo la USTR en el documento.
El proyecto del Tren Maya se propone como una ruta ferroviaria de 1,500 kilómetros diseñada para atravesar los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que cuentan con una gran biodiversidad. Pretende reducir el tiempo y el coste del transporte de mercancías y pasajeros, impulsar el turismo y promover el crecimiento económico de la región de Yucatán.
“Sin embargo, muchas partes interesadas de México y Estados Unidos están preocupadas por los posibles impactos ambientales del proyecto, incluso en lo que respecta a la protección y conservación de la vida silvestre, los humedales, los bosques y el patrimonio cultural”, agregó la USTR.
A pesar del “creciente descontento de las partes interesadas”, argumentó la USTR, México ha seguido adelante con su plan de construir el Tren Maya para 2024.
La Semarnat reconoció recientemente que el Fonatur, organismo encargado de supervisar el proyecto, no cuenta con los permisos de impacto ambiental requeridos.
Aunque se presentaron y aprobaron las evaluaciones de impacto ambiental para los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, siguen existiendo problemas con los otros cuatro tramos de la ruta del tren.
En noviembre de 2021, el presidente López Obrador publicó un decreto que le permitía renunciar unilateralmente a todos los requisitos de autorización para sus proyectos de infraestructura prioritarios, incluido el proyecto del Tren Maya, declarando que los procesos burocráticos de estos proyectos debían agilizarse en aras de la “seguridad nacional”.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un amparo contra este decreto por considerarlo inconstitucional y violatorio de las leyes de transparencia.
La SCJN concedió al INAI la suspensión definitiva en febrero de 2022, anulando la facultad del presidente López Obrador de seguir eximiendo de los requisitos de autorización.
Sin embargo, antes de que se suspendiera el decreto, López Obrador otorgó permisos provisionales para las secciones 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya que tienen una vigencia de 12 meses.
Aunque el decreto está ahora suspendido, la construcción de los tramos 4, 6 y 7 continúa bajo los permisos provisionales. La construcción de la sección 5 de la ruta fue suspendida temporalmente el 18 de abril de 2022 como resultado de un recurso de amparo separado que afirmaba que se produciría un daño irreversible a los ecosistemas debido a la limpieza de la ruta forestal de Cancún a Tulum.
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