El próximo Gobierno debería fincar responsabilidades y ejercer acción penal contra los responsables de construir el Tren Maya, por los daños ambientales y arqueológicos perpetrados, instó Michel Duhart, integrante del colectivo Sálvame del Tren.
“Están metiendo a la península de Yucatán y al mayor acuífero de este País —hay por ahí la discusión de si es el primero o el segundo; es lo de menos— a un proceso de desertificación.
“Es absurdo que el Gobierno presuma que va a llevar millones de turistas: México ya no necesita millones de turistas, no necesita cantidad, sino calidad del turismo”, expuso el ingeniero e instructor de buceo al participar, junto a la periodista Adriana Malvido, en la mesa de análisis “Herencia cultural y nuevas administraciones”, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en Tlalpan.
En relación con el tema del turismo, Malvido puntualizó: “Los testimonios de organizaciones, comunidades y sus representantes coinciden en que no fueron consultados debidamente, conforme lo exigen en sus asambleas, ni las autoridades les brindaron información acerca del Tren Maya.
Advierten que la zona no está preparada para recibir el gran turismo masivo”.
En cuanto al patrimonio cultural, Duhart consideró necesario investigar quién comercializó los escombros de los monumentos arqueológicos destruidos, pues “infinidad de vestigios” fueron “vilipendiados” o clasificados sin importancia “¿Dónde están las piedras? ¿qué se hizo con toda la piedra arqueológica? Porque resulta que todo eso que quitaron lo utilizaron y alguien lo vendió como material para el terraplén o para otras cosas”, denunció.
El mismo cuestionamiento, añadió, aplica para los 20 millones de árboles talados, dijo.
“Unos dejaron que se pudrieran; la madera de valor, como la caoba, misteriosamente desapareció, pero recientemente descubrimos que en la zona hay plantas de procesamiento de toda la madera del Tren Maya: la convierten en aserrín y alguien la vende, son miles de toneladas de aserrín que sí cuestan (y sirven) para el conglomerado, para muebles, entre muchas otras cosas”.
Además, Duhart afirmó que 122 cavernas han sido afectadas, la mayoría con vestigios arqueológicos.
Y los daños, añadió, se extienden al ámbito social, por el desplazamiento de comunidades, la expansión del crimen organizado y la expansión inmobiliaria.
El costo del tren, indicó, prosigue en ascenso: hasta ahora 500 mil millones de pesos.
El antropólogo Bolfy Cottom, quien coordinó la mesa, señaló las contradicciones entre la precariedad en las escuelas del INAH, que ni siquiera disponen de papel de baño, y los recursos invertidos en el Tren Maya. Este panorama de contrastes, junto con la inseguridad en las zonas arqueológicas propicia una debilidad institucional, ponderó.
Al respecto, Malvido advirtió que la delincuencia organizada constituye un grave problema
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