Una representación de las comunidades aledañas a las instalaciones de la empresa Sactun (antes Calica), que realizaba extracción de material pétreo en Playa del Carmen, acudirá esta semana al 11º Foro de Negocios y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a celebrarse en Ginebra, Suiza, del 28 al 30 de noviembre, para buscar respaldo de organizaciones internacionales en su lucha y sumarse a la exigencia de que los tratados internacionales respeten los derechos ambientales de los pueblos.
“Durante los últimos dos meses, cientos de habitantes de las comunidades de Playa del Carmen, en Quintana Roo, se han adherido a las demandas colectivas presentadas ante los juzgados de la demarcación correspondiente del Poder Judicial de la Federación, en Cancún. Las demandas están en curso de revisión por parte del Tribunal Colegiado”, destacó en un comunicado el colectivo Movimiento Indígena Maya.
En octubre pasado los integrantes del Movimiento Indígena Maya interpusieron una acción colectiva contra la empresa Caliza Industriales del Carmen SA de CV (Calica), actualmente con el nombre comercial Sactun, por “graves violaciones al medio ambiente y salud de las niñas y niños de las comunidades rurales de Quintana Roo”.
La empresa, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, fue clausurada por la Profepa en mayo pasado.
Derivado de la inspección federal, se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio. Es decir, no puede extraer ni exportar material pétreo.
El comunicado del Movimiento Indígena Maya destaca que las pruebas presentadas por las comunidades radican no sólo en cientos de notas periodísticas, videos y páginas web que dan cuenta del daño provocado por la mina o banco de material al acuífero y a la biodiversidad, sino en los dictámenes producidos por la Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Las comunidades reclaman su derecho constitucional a un medio ambiente sano, así como los derechos indígenas que han sido ignorados, y el derecho superior de la niñez a un desarrollo saludable, “todo lo cual ha sido violado, como queda en evidencia por los dictámenes mencionados”.
Construlita Proyectos
-
