El Juzgado Sexto de Distrito, radicado en Quintana Roo, concedió la suspensión definitiva respecto a los cambios de uso de suelo en una superficie de 107.67 hectáreas que, indebidamente, aprobó el Cabildo de Othón P. Blanco, en probable contravención con el procedimiento establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del estado, a fin de favorecer el desarrollo del megaproyecto “Perfect Day” en la localidad costera de Mahahual.
Lo anterior implica que hasta que el juzgado resuelva el fondo del asunto, es decir, que dicte sentencia en juicio, la aprobación de dichos cambios de uso de suelo se mantiene detenida sin surtir efectos.
“Con esta resolución, el Poder Judicial determina que, mientras se resuelve el fondo del juicio, no pueden surtir efectos legales las autorizaciones y actos derivados de dicha reconfiguración urbana (cambios de uso del suelo), evitando que se consoliden derechos, permisos o licencias que permitan avanzar el proyecto bajo un esquema de planeación impugnado”, precisó la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
¿En qué consiste el megaproyecto Perfect Day?
El Perfect Day es un megaproyecto turístico impulsado por el Royal Caribbean Group, una de las compañías líderes en la industria de cruceros y turismo en el mundo, que busca desarrollarlo como un nuevo atractivo en Mahahual, de acuerdo con lo anunciado a finales del 2024 por Michael Bayley, presidente y CEO de la empresa.
Para ello se compró al ITM Group el total de acciones del puerto de altura de Costa Maya, operado por dicha compañía mexicana.
El asunto fue despertando controversia por las implicaciones para Mahahual, una localidad costera ubicada a 55 kilómetros de Chetumal, con menos de 5 mil habitantes, 49 hoteles y casi 700 habitaciones en operación, según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo.
El poblado enfrenta fuertes rezagos en materia urbana y dotación de servicios y alberga al segundo puerto de cruceros más importante del estado, después de Cozumel.
Cambios en uso de suelo provocarían daño ambiental
Si bien organismos empresariales del sur del estado han respaldado el desarrollo del proyecto, parte de la ciudadanía se ha pronunciado en contra, al considerar que agravará la situación ambiental y social del lugar, afectando recursos naturales y comprometiendo el suministro y saneamiento del agua.
El pasado 16 de enero, DMAS interpuso un amparo indirecto en contra del ayuntamiento de Othón P. Blanco por haber aprobado –el 24 de noviembre de 2025– cambios de uso de suelo en sesión de Cabildo, pasando por alto el procedimiento establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del estado.
También incluyó en la demanda a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo, por haber expedido el Dictamen de Congruencia, pese a que el acto era violatorio a la Ley de Asentamientos, bajo el argumento de que “no existe daño alguno al medio ambiente” con motivo de la aprobación de los cambios de uso de suelo, solo porque el megaproyecto va “por fases”.
DMAS asegura que, de proceder, los cambios de uso de suelo provocarán impactos ambientales y “un daño grave” al ecosistema de manglar y una afectación al derecho al agua, en una localidad que ya padece de agudos problemas de drenaje y saneamiento, los cuales incrementarán con el desarrollo de un proyecto que multiplicará por día, el número de turistas en la zona.
En el juicio respectivo, la empresa Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V. –promovente del proyecto– quedó como tercera interesada.
La semana pasada DMAS dio a conocer que había obtenido, dentro del proceso de amparo, una suspensión definitiva para detener los efectos de los cambios de uso del suelo.
La presidenta municipal, Yensunni Martínez impugnó dicha medida cautelar, mediante un recurso de queja. La Sedetus hizo lo propio.
El asunto fue admitido y radicado en el Tercer Tribunal Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, que solicitó que el Juzgado Sexto le informase sobre la resolución que tomase en torno a la audiencia incidental programada para el pasado 30 de enero, para definir si concedía o no la suspensión definitiva.
Una vez celebrada dicha audiencia, el viernes pasado, la jueza Reyna Oliva Fuentes, consideró jurídicamente factible otorgar la suspensión definitiva para efectos de que no se tramiten permisos, licencias o autorizaciones que deriven de dicho acto.
DMAS explicó que esto significa que la juzgadora encontró elementos de probable ilegalidad al aprobarse esos cambios de uso del suelo, que ponen en riesgo los ecosistemas y el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, por lo cual es necesario privilegiar el principio precautorio para prevenir “daños de difícil o imposible reparación”.
Ocurre que, de proceder dicha reconfiguración de cambios de uso del suelo, la empresa podría tramitar autorizaciones, permisos y licencias que le permitieran desarrollar el megaproyecto, probablemente ocasionando un daño ambiental que ya no podría ser detenido.
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